El 8 de noviembre de 2010 el ejército y la policía marroquí arrasaron el campamento de Gdeim Izik, el Campamento de la Dignidad que más de 20.000 saharauis levantaron con jaimas cerca de El Aaiun ocupado, capital del Sahara Occidental, para reclamar sus derechos sociales, civiles y políticos. El 17 de febrero de 2013, veinticinco saharauis que habían participado en la organización del campamento sufrieron ilegales condenas dictadas por un tribunal militar, en un juicio denunciado por observadores internacionales y organizaciones de Derechos Humanos por falta de garantías procesales, graves irregularidades, ausencia de pruebas incriminatorias y confesiones obtenidas bajo tortura. Nueve saharauis fueron condenados a cadena perpetua -uno de ellos en rebeldía, Hassanna Aalia, que recientemente obtuvo de la Audiencia Nacional el estatus de refugiado político denegado inicialmente por el Ministerio del Interior-, cuatro a 30 años de prisión, siete a 25 y tres a 20; hubo dos condenas menores que se consideraron cumplidas por el tiempo que llevaban en prisión y un recluso quedó en libertad por motivos de salud; actualmente hay 21 presos por este caso en la cárcel de El-Aarjat, a la que fueron trasladados a finales de agosto desde la de Sale 1, en Rabat. En julio de 2016 el Tribunal de Casación anuló por defectos de forma la sentencia del Tribunal Militar de Rabat y ordenó su repetición por un tribunal civil, fijándose un nuevo juicio para los días 26, 27 y 28 de diciembre del pasado año. A pesar de la fecha, el día siguiente de Navidad, escogida por las autoridades marroquíes para dificultar la asistencia de juristas y observadores internacionales, así como de miembros del movimiento de solidaridad con los presos políticos saharauis, un buen número de estos se daba cita en Rabat para seguir el juicio y apoyar con su presencia a los presos. Pero una vez más, en un nuevo intento de boicotear el trabajo de juristas y observadores internacionales con la burda estrategia de no trasladar ante el tribunal a uno de los presos, el juicio fue aplazado hasta el día 23 de enero y la libertad provisional solicitada por las defensas fue denegada. Esta nueva decisión vuelve a vulnerar la legalidad, pues Marruecos carece de capacidad y competencia sobre la población saharaui que vive en el Territorio No Autónomo del Sahara Occidental que ocupa desde 1975 porque, como reafirma una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Sáhara no es Marruecos. Sin embargo, Marruecos adopta una nueva decisión política, utilizando los tribunales como un instrumento más en la acción de represión sistemática contra la población saharaui que se manifiesta pacíficamente contra la ilegal ocupación de su país. Lo que este 23 de enero se pone en juego no es únicamente la libertad de los 21 de Gdeim Izik. El proceso que se sigue contra ellos se inscribe en el contexto de las reivindicaciones de autodeterminación del pueblo saharaui, que pasan necesariamente por la realización de un Referéndum, tal como estableció la ONU en 1991 en aplicación de la legalidad internacional, Los 25 presos políticos fueron detenidos, torturados y condenados por reivindicar pacíficamente el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental. En el Sáhara Occidental no será posible un acuerdo viable que restaure la paz y los derechos políticos del Pueblo Saharaui en tanto no sean una prioridad el respeto a los Derechos Humanos y la reparación a las víctimas del conflicto. Por eso, ante la pasividad del Gobierno de España, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, nos manifestamos en el día de hoy para denunciar la ilegalidad del juicio a los presos políticos de Gdeim Izik y para exigir su inmediata puesta en libertad y la de todos los presos políticos saharauis. ¡NO MÁS EXCUSAS! ¡PAZ, JUSTICIA Y LIBERTAD PARA EL PUEBLO SAHARAUI!